Viernes, 09. Diciembre 2016
  • Elegimos mandatarios incapaces de resolver los problemas de fondo que nos aquejan

    Para tener gobiernos eficientes, eficaces y comprometidos no basta con que la sociedad les exija el cumplimiento de sus deberes, es indispensable elegir políticos y ciudadanos capaces, que cuenten con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cumplir con sus obligaciones legales y atender las crecientes y complejas demandas de la población.

    Se dice que la ciudadanía debe ser más exigentes para con quienes asumen el papel de mandatarios pero, y si esos mandatarios, llámense presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados o senadores,   son incapaces de dar respuesta a esas exigencias, ¿cómo hacemos para que las cumplan?

    “Nadie da lo que no tiene”, dice bien una expresión popular.  O “no se le pueden pedir peras al olmo”, sentencia otra. He aquí uno de los principales problemas de nuestra maltrecha democracia.

    Desde luego tenemos suficientes ejemplos de esa incapacidad política: Jorge Lozano, Victoria Labastida, Mario García Valdez, Leopoldino Ortiz Santos, Teófilo Torres, Fernando Toranzo, o Juan Manuel Carreras -que no acaba de dar color como gobernador-, en San Luis Potosí; José López Portillo, Miguel de la Madrid, Vicente Fox o Enrique Peña Nieto, en el ámbito nacional, por mencionar sólo algunos.

    Ninguno de ellos mostró la capacidad necesaria para sacar adelante a su país, a su estado o a su municipio; por el contrario, dieron amplias muestras de su impericia y falta de oficio político —además de una dosis de falta de voluntad política, claro-.

    Cualquier institución o empresa seria que quiera contratar a alguien para desempeñar un trabajo buscan que los candidatos llenen una serie de requisitos, entre ellos los conocimientos, las habilidades y las aptitudes necesarias para ocupar el puesto.

    Lo mismo debería suceder en el gobierno y los puestos públicos en general, pero no hemos sabido elegir como sociedad a nuestros empleados, porque eso es lo que son los funcionarios públicos, ¡nuestros empleados!

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  • Autoridades, incapaces de contener la violencia

    ● Realizan cursos de defensa personal para la protección de jóvenes estudiantes

    Gobiernos y corporaciones policiacas incapaces de contener la ola de violencia e inseguridad; organizaciones sociales, estudiantes y familiares de víctimas que exigen justicia y protección para las mujeres, delitos que en su mayoría se encuentran en “Semáforo Rojo”, clases de defensa personal en marcha y una propuesta para que la sociedad posea armas para defenderse, forman parte del escenario de temor e incertidumbre que rodea a San Luis Potosí.

    Pese a las múltiples advertencias que desde hace meses vienen haciendo académicos, activistas y  organizaciones sociales, y a una solicitud hecha hace más de un año por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para declarar la Alerta de Género en seis municipios de la entidad, las autoridades locales han pretendido minimizar el grave problema de inseguridad que se vive, especialmente en lo relativo a desaparición de mujeres y feminicidios, que se han convertido en la mayor preocupación para la sociedad potosina.

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  • Partidos y políticos millonarios

    Juan Antonio González

    Los partidos políticos en México representan un negocio de ganar-ganar que deja millones y millones de pesos para sus elites y grupos de poder cada año. Para los partidos y sus dirigentes nunca hay tiempos de hambre o de vacas flacas, por el contrario, para ellos solo existe la bonanza, la prosperidad, el boato.

    Un reportaje de investigación del portal electrónico Animal Político documentó hace unos días el derroche de dinero del que se benefician los partidos políticos nacionales, como resultado de la última reforma electoral.

    En el caso de San Luis Potosí, los partidos políticos han recibido recursos públicos como nunca. No importan las carencias y necesidades de la población, ni tampoco importa que en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto hagan colecta para comprar jeringas y guantes, lo que le importa al gobierno es tener partidos y políticos millonarios.

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  • Acabemos con el financiamiento público a los partidos

    Alejandro Rubín de Celis

    Qué es lo que explica que cada año los partidos políticos reciben mayor financiamiento  público?  ¿Será que son tan dignos representantes de los intereses de la sociedad que el Estado los premia por asumir esa gran responsabilidad y los estimula a seguir adelante en esa noble labor? Por supuesto que no, en los hechos sucede exactamente lo contario, los partidos y sus dirigencias están cada vez más alejados de la sociedad y más cerca de los fondos públicos con los cuales satisfacen sólo los intereses de las élites.

    Lo que define el aumento constante de las partidas presupuestales destinadas a los partidos políticos es precisamente la cooptación de las dirigencias partidistas, las que toman las decisiones en esos organismos y que se han encargado de manipular a sus bases para simular un acercamiento con la sociedad que sólo se traduce en la entrega de dádivas y en promesas para obtener votos y así seguir reproduciendo el sistema de privilegios de que gozan.

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  • ¿Qué harían los potosinos con 41,500 mdp?

    Victoriano Martínez Guzmán

    El pasado 20 de noviembre, el gobierno del estado presentó a los diputados el paquete presupuestal para 2017. El gobernador Juan Manuel Carreras López espera administrar el próximo año la nada escasa cantidad de 41 mil 580 millones 892 mil 805 pesos.

    La cifra representa un 5.16 por ciento más que lo presupuestado hace un año y un 54.4 por ciento más de lo que se presupuestó en 2011. En lo que va del siglo, ningún gobernador ha tenido que administrar menos que lo contemplado en el año anterior y, aun así, siempre se han quejado de escasez de recursos.

    Con ese antecedente, ya no resulta necesario comparar lo que se podría lograr con 41 mil 500 millones de pesos en un estado urgido de mejorar las condiciones de vida de una población entre la que al 47.7 por ciento no le alcanza para comprar la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Eso sí es escasez, y no el dispendio de quienes administran el erario, que debe ser útil para todos.

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  • Un sistema no termina con la corrupción, sino la voluntad de la sociedad: expertos internacionales

    Por considerar que puede resultan de gran interés para los lectores de Reflexión Ciudadana, reproducimos  esta nota publicada en sinembargo.com el 10 de noviembre de 2016.

    Por Daniel Barragán

    De acuerdo con las experiencias internacionales, el combate a la corrupción no inicia con la implementación de un sistema anticorrupción, sino con la participación de la clase que es excluida, justamente, del sistema corrupto.

    Para investigadores en el tema, el problema de los países es que esa lucha recae sólo en la efectividad de las instituciones, los funcionarios y los sistemas de rendición de cuentas, cuando el problema está en el sistema político y electoral.

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  • Editorial

    Un fiscal ciudadano, lo que San Luis necesita

    En su afán por protegerse las espaldas cuando terminan su gestión, presidentes y gobernadores suelen promover reformas legales o crear instancias que les aseguren impunidad a perpetuidad. Hay casos recientes como el del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge que hizo que el Congreso del Estado nombrara a dos de sus allegados, uno como fiscal general (antes procurador) y el otro como  titular de la Auditoría Superior del Estado, para salir bien librado.

    También está el caso del ex gobernador de Veracruz,  Javier Duarte, que trató, antes de solicitar licencia como mandatario estatal, de dejar a un incondicional en la Fiscalía Anticorrupción de ese estado. En ambos casos y por presiones ejercidas desde la sociedad, el presidente Enrique Peña Nieto se vio obligado -sin esa presión no lo hubiera hecho- a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación  para echar abajo el "blindaje" que pretendían ambos gobernadores, uno de los cuales, Duarte, ahora es el chivo expiatorio al que el sistema supuestamente quiere detener para que pague todas sus fechorías.

    El caso más reciente es el de Raúl Cervantes, abogado del PRI y senador con licencia por ese partido a quien Peña Nieto acaba de nombrar procurador general de la República y quien se perfila para ser, por obra de una reforma constitucional, el nuevo fiscal general de la Nación. Cervantes duraría 9 años en ese cargo y protegería las espaldas no sólo de Peña Nieto, a quien le debe el favor -aún cuando la Fiscalía llegue a ser un órgano independiente del Poder Ejecutivo- sino incluso al siguiente mandatario, siempre y cuando sea del PRI… o quizá hasta del PAN.

    Pues a imagen y semejanza de Raúl Cervantes, el procurador de San Luis Potosí, Federico Garza Herrera,  se perfila para ser el fiscal general del estado. Ha llegado a decir que se sentiría honrado de ocupar el cargo, no obstante que ha dado amplias muestras de su incapacidad para procurar justicia y frenar la creciente inseguridad en el estado. La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local ya aprobó un dictamen que propone que el procurador en turno, una vez que se apruebe la creación de la Fiscalía General del Estado, pase a ser automáticamente el titular de esa instancia por espacio de seis años -aunque toda-vía falta que suba al pleno para su aprobación- y al gobernador en funciones le quedan cinco de gestión.

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