Editorial

País sin Constitución… y sin proyecto

¿Es posible que un país pueda progresar y garantizar los derechos de los ciudadanos cuando se le han hecho 696 modificaciones en casi un siglo y no solo para modernizarla?

En el marco del centenario de la Constitución de 1917 conviene reflexionar acerca de para qué sirve una Constitución a un país y a sus ciudadanos.

Entre otras cosas, según algunos especialistas como Luis González Placencia, la llamada “Ley Suprema” debe garantizar la justicia, los derechos de los ciudadanos y poner límites a los servidores públicos en sus funciones para evitar excesos. Pero la Constitución también plasma los principios, los valores y las aspiraciones de una sociedad democrática, así como el proyecto de nación que persigue.

¿Es posible tener un proyecto claro y garantizar los derechos ciudadanos cuando se le hicieron a la Constitución 696 enmiendas hasta febrero de 2016 y, sobre todo, cuando muchas de ellas han obedecido a razones políticas para proteger intereses de grupos en el poder, ya sea políticos o económicos?

Como ejemplo, basta mencionar las reformas que se ha venido haciendo desde 1982 para reorientar lo que fue el proyecto revolucionario hacia uno de carácter neoliberal destinado a favorecer a los grupos de poder económico que hoy hace que México tenga a uno de los hombres más ricos del mundo y niveles de pobreza similares a los de algunos países de África. Y, por supuesto, las llamadas reformas estructurales emprendidas por Enrique Peña Nieto (educativa, energética, financiera, laboral y de telecomunicaciones), una de las cuales, la energética, ha entregado al sector privado la parte más importante del patrimonio nacional: el petróleo, el gas y la electricidad que permitían financiar el 40 por ciento del gasto público del país, y las otras, que han afectado más que beneficiado al ciudadano común y de ello hay múltiples ejemplos.
·En el transcurso de este último siglo, reformas de todos los órdenes a la Constitución van y vienen y cada vez hay más pobres, más injusticia y más desigualdad, entonces ¿cuál Constitución, si debiese ser el documento rector de un proyecto de nación orientado al desarrollo nacional, es decir el de todos los mexicanos?

Y claro, cómo va a existir una Constitución en su más profundo sentido si no hay rumbo, no hay proyecto de nación, hay corrupción rampante, impunidad garantizada y nulo Estado de Derecho.
Read More La mayoría de las enmiendas que se le han hecho a lo que llamamos Constitución, lejos de fortalecer a las instituciones, ha permitido su debilitamiento; la creación de órganos autónomos, la mayoría de los cuales son “elefantes blancos” que consumen una inmensa cantidad de recursos sin ofrecer resultados significativos para la sociedad y, para colmo, se busca crear todo un sistema anticorrupción —reconocimiento de que el problema de fondo existe-, pero al cual habrá de cooptar el sistema para que le sea útil o al menos no le genere mayores problemas, como sucede con la CNDH, el INE, el Banco de México y hasta el INAI, cuyos resultados a favor de la sociedad dejan mucho que desear.


¿Puede un ciudadano confiar en una Constitución que hoy dice una cosa que le favorece y mañana otra que le perjudica?

Necesitamos una Constitución que ante todo tenga primero al ciudadano, ofrezca garantías de igualdad y justicia para todos –traducidas en leyes secundarias· efectivas– y, de la mayor relevancia, que existan los mecanismos necesarios para garantizar una participación ciudadana efectiva y auténtica, no controlada o con paleros, ni cerrando espacios de expresión como hasta ahora.

Lo demás, todo lo dicho por la clase política de que es una norma que protege a todos los mexicanos y que garantiza sus derechos es sólo demagogia.

Necesitamos una Constitución verdaderamente fuerte, a la que no se le estén haciendo parches -enmiendas- cada que a la clase política se le ocurra para proteger los intereses de las élites de este país.

¡México, ya sonó el despertador!

Una simulación más de los diputados: 80.5 millones para proselitismo y "moches"

80 millones para moches¿Los diputados podrán incidir en la asignación de 80.5 millones de pesos para canalizarlos a sus distritos porque son magnánimos y están preocupados por las necesidades de la gente, o porque los quieren repartir discrecional y selectivamente para garantizar votos y reelegirse o buscar otro cargo de elección popular? ¿Dispondrán de esa bolsa de dinero para resolver problemas prioritarios de los ciudadanos de su distrito o para negociar con los alcaldes las obras que se hagan con esos recursos y obtener su "moche"? Usted apreciable lector, ¿qué cree?

Nosotros en Reflexión Ciudadana creemos que lo que quieren es intervenir en la ejecución de ese fondo para satisfacer intereses estrictamente particulares porque ya han dado amplias muestras de su egoísmo y de que lo que menos les interesa es hacer un trabajo legislativo en beneficio de la gente. La baja calidad de sus iniciativas y el resultado de evaluaciones independientes en las que han salido reprobados lo demuestra.


En plena crisis económica, diputados estrenan auto con cargo a los potosinos

cruzeLos diputados del Congreso del Estado siguen dando de qué hablar pero no por sus buenos oficios ni por aprobar leyes que mejoren las condiciones de vida de la gente, sino por sus constantes excesos que una y otra vez agravian a la sociedad. En plena crisis económica por el gasolinazo que nos propinó el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete y la devaluación del peso -entre otros factores-, y en medio de la más grande protesta social contra la corrupción, la impunidad y los abusos del gobierno en la historia reciente, los diputados locales decidieron comprar 27 autos nuevos, marca Chevrolet Cruze, uno para cada legislador, con un costo global de 6 millones 273 mil pesos -232 mil 348 pesos por unidad- y, por supuesto, ¡con cargo a la ciudadanía!

¿Acaso el sueldo de 162 mil pesos al mes que reciben no les alcanza para adquirir un coche nuevo? ¿Además de asignarse salarios desproporcionados todavía tenemos que pagarles vehículos nuevos? El diputado Alejandro Segovia, secretario de la Comisión de Adquisiciones, justifica que los choches se emplearán para labores de gestoría en la capital del estado. ¿Y porque tienen que andar haciendo trabajo de gestoría si la función que la ley les confiere es la de legislar, no la de andar de dadivosos? Para hacer labores de gestoría y de ayuda social existen otras instancias federales, estatales y municipales. ¿O será otra de sus maniobras, además de intervenir en la ejecución de 80.5 millones del presupuesto estatal destinado precisamente a rubros de asistencia social, para hacerse propaganda con miras al 2018 con cargo al erario público?

El valor de la movilización social

Juan Antonio González

diputados ladronesSí se puede. Sí es posible cuando la gente protesta y exige; si es posible, si la gente se moviliza y toma las calles. La lección de éstos días del gasolinazo, es que si se puede, pero es necesario intentarlo.

La irritación social que emergió en todo el país luego de que entró en vigor el incremento al precio de los combustibles, fue tan grande que obligó al Estado Mexicano con todas sus instituciones a voltear a ver a la sociedad.

Y cuando voltearon a ver a la sociedad en las calles, con consignas cada vez más duras contra el presidente Peña, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los ministros y senadores, se dieron cuenta de que la gente está llegando a un punto de enojo imparable.

Austeridad que exhibe inutilidad

Victoriano Martínez Guzmán

AusteridadLas protestas que se generalizan por el gasolinazo no son el único efecto de una medida tan impopular. Del lado gubernamental, quienes viven en el lujo a costillas de un pueblo empobrecido, recurren, como siempre, a la simulación, aunque esta vez con un resultado adicional por ellos inesperado: exhiben lo inútiles que son por abusivos.

Cual moda y discurso políticamente correcto, de todos los rincones del espacio burocrático surgieron los anuncios de planes de austeridad para “ahorrar” recursos ante la grave situación que vive el país.

Ford, Carreras el tibio y el apoyo a la industria local y nacional

Alejandro Rubín de Celis

Ford espectacularLa cancelación de la planta Ford en San Luis potosí, con la que se pierde una inversión de· mil 600 millones de dólares, ha puesto de manifiesto la actitud tibia del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López que, temeroso, apenas ha· anunciado que su administración no comprará vehículos, de ninguna marca, durante este año, excepto para patrullas y unidades para el sector salud.

Mejor lo ha hecho el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, quien no sólo ha resuelto que su gobierno no comprará más vehículos de esa firma sino que hizo un llamado para que "acciones como ésta, que fortalecen nuestra unidad como mexicanos, se multipliquen en todo nuestro País", luego de señalar que "llegó la hora de demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Todos juntos trabajando en equipo, lo vamos a lograr".

 

Corrupción e impunidad consumados: Victoria Labastida y sus secuaces, sin castigo

Un caso más de corrupción e impunidad se ha consumado. Victoria Labastida y tres de sus colaboradores han quedado exculpados por la autoridad judicial. Victoria Labastida Aguirre, ex alcaldesa de la capital potosina; Emigdio Ilizaliturri Verástegui, ex secretario general del ayuntamiento; Agustín Soberón Álvarez, ex tesorero municipal; y Luis Miguel Ávalos Oyarvide, ex regidor y ex alcalde interino, ya pueden vivir tranquilos, gozar de los beneficios que les reportó desviar decenas de millones de pesos de nuestro dinero -de los fondos del erario público-, pasear tranquilamente por las calles de la ciudad sin temor a ser detenidos, y tener plena certeza de que no tendrán que regresar lo que se llevaron.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito confirmó el amparo concedido en agosto pasado por la juez tercero de distrito, Angélica Ramírez, por supuesta falta de pruebas ante la presunta malversación de 28 millones de pesos a cargo de estos exfuncionarios por la entrega simulada de ayudas sociales, a pesar de que meses antes, el juez sexto del ramo penal que libró las ordenes de aprehensión en su contra, tomó en cuenta denuncias, testimonios de exfuncionarios, peritajes contables y declaraciones de ciudadanos que claramente los inculpaban (Reflexión Ciudadana No.71).

Pero los 28 millones por los que fueron calculadamente acusados por la administración del gobernador Juan Manuel Carreras para que no fueran encarcelados -pues no se les acusó de asociación delictuosa-· son sólo una pequeña parte de al menos 260 millones de pesos que la administración labastidista no pudo solventar en las Cuentas Públicas de los años 2011 y 2012 de acuerdo a datos de la Auditoría Superior del Estado y que, según datos de algunos medios informativos, podría superar los 400 millones de pesos.

Con la complicidad del ex procurador Miguel Ángel García Covarrubias y el ex alcalde· Mario García Valdez, que durante el trienio 2012-2015 se dedicaron a instrumentar tácticas dilatorias y legaloides para proteger a ese cuarteto de delincuentes; gracias a una acusación menor de la administración de Carreras López, y gracias también a la complicidad de una parte del Poder Judicial del estado, estos ex funcionarios están libres y burlándose de la ciudadanía a la que robaron y engañaron sin que hubiera consecuencias.